Gobierno reformulará la Ley Indígena para eliminar trabas al mercado de tierras y permitir el arriendo
En el marco de su primera Cuenta Pública Presidencial, el Mandatario José Antonio Kast anunció una profunda e histórica reforma estructural a la Ley Indígena (N° 19.253). El objetivo central de la iniciativa apunta a remover las restricciones vigentes al uso, compra, venta y arriendo de tierras de propiedad indígena, un mecanismo que históricamente ha condicionado el desarrollo comercial y la inversión en la Macrozona Sur.
Según detalló el Ejecutivo, la persistencia de las actuales limitaciones normativas ha terminado por mermar la productividad de los predios entregados a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Con este cambio legal, se busca inyectar dinamismo económico a las comunidades y generar un marco de “certeza jurídica” indispensable para el reingreso de capitales privados y el turismo en la Región de La Araucanía.
Tasaciones a valor de mercado y trazabilidad
Uno de los pilares del anuncio radica en terminar con las distorsiones de precios y la opacidad en el reparto de predios. El Presidente Kast fue enfático en señalar que se procederá a ordenar de manera estricta el actual sistema de compras de tierras de la Conadi.
Para ello, el nuevo esquema legal “instaurará tasaciones transparentes a valor de mercado y una trazabilidad real en cada compra”, evitando que presiones o tomas de terreno terminen inflando artificialmente el valor de los inmuebles rurales a costa de los recursos fiscales.
Del goce comunitario a los derechos individuales
La reforma además abordará un giro doctrinal en la entrega de beneficios, promoviendo el derecho de propiedad e incentivos económicos de carácter individual. El Ejecutivo adelantó que se avanzará decididamente en el otorgamiento de derechos de uso y goce individuales sobre las tierras entregadas a las familias que habitan en régimen de comunidad.
En su alocución, el Jefe de Estado cuestionó las limitaciones del sistema actual en ciertas comunidades, señalando que la ausencia de derechos de propiedad individuales desprotege a los hogares, impidiéndoles acceder a herramientas públicas clave como el subsidio habitacional y otros fondos de desarrollo estatal.
Con la presentación de esta agenda legislativa —que se acopla a las nuevas directrices en seguridad pública y combate al terrorismo rural— el Ejecutivo espera abrir un debate técnico en el Parlamento para destrabar el potencial agrícola, forestal y energético de las tierras del sur, transformando el actual modelo asistencial en un ecosistema productivo integrado formalmente a la economía nacional.