CHILE: Entre la “paradoja minera” y el acelerador puesto en una histórica cartera de US$ 88.000 millones
La encrucijada del cobre
La minería chilena atraviesa una dualidad desconcertante que marca la pauta económica de este 2026. Por un lado, el país consolida una robusta cartera proyectada de inversiones que ronda los US$ 88.000 millones para la próxima década, impulsada por los planes estructurales de Codelco y expansiones clave del sector privado. Por el otro, la industria advierte que este millonario “boom” corre el riesgo de frenarse si el país no logra destrabar su mayor enemigo interno: la incertidumbre regulatoria y la excesiva permisología.
El factor internacional y el estancamiento físico
El actual escenario global, con precios del cobre en niveles extraordinarios debido a la demanda de la transición energética, posiciona a Chile en un lugar de privilegio. Proyectos a gran escala, como la expansión de El Abra, representan un motor de crecimiento monumental. Sin embargo, gremios y analistas advierten una preocupante “paradoja minera”: mientras los flujos financieros celebran cifras históricas, la base de producción física de cobre a nivel nacional se mantiene estancada en torno a los 5,4 millones de toneladas anuales.
El freno de la permisología
Para los expertos de la industria, el verdadero desafío de Chile no es la falta de interés de los mercados o la escasez de mineral, sino la velocidad de ejecución. Los extensos plazos de tramitación ambiental, la burocracia institucional y la falta de certezas jurídicas absolutas actúan como un desincentivo para que los capitales se materialicen con rapidez en terreno.
El veredicto: Pasar de los planos a la acción
Ante este panorama, la exigencia al sector político y regulatorio es transversal: se requiere pasar con urgencia de la planificación a la agilización de permisos sectoriales. En un mercado global altamente competitivo, donde otros distritos mineros buscan capturar la fiebre de los minerales críticos, Chile tiene en sus manos una locomotora de US$ 88.000 millones lista para acelerar. De la capacidad del Estado para otorgar estabilidad dependerá que el país traduzca sus proyecciones en un crecimiento productivo real.